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El artículo 248 del Código Penal define el delito de estafa como aquél en el que con ánimo de lucro se utiliza engaño bastante para producir error en otra persona, induciéndola a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

El artículo 250 del Código Penal recoge en su apartado 1 varios supuestos de agravación de la pena cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

1º. Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad

En este artículo nos referimos a la responsabilidad penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal, a quienes por su minoría de edad no se les aplican las penas previstas en el Código Penal.

El principio inspirador del sistema es el del “interés superior del niño” protegido por dos convenios o tratados internacionales: (1) la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989,

La figura del “delito provocado” se refiere a los casos en que concurre la actuación de un funcionario policial – o, en su caso, de un tercero, por ejemplo un confidente de la policía – que obra de modo engañoso fingiendo un comportamiento que incita a otra persona a realizar una conducta delictiva. Los casos más frecuentes son aquellos en que el agente de policía simula su intención de adquirir droga.

En el marco de una investigación policial o judicial la entrada y registro en el domicilio de un particular requiere previamente – salvo en los casos de delito flagrante y de consentimiento del titular del domicilio – una resolución judicial motivada en la que el Juez competente exponga los motivos en los que funda esa diligencia de entrada y registro domiciliaria.

El artículo 10 Bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios considera cláusulas abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.